Las personas jurÃdicas, públicas y privadas que ocupen cincuenta trabajadores o más, destinarán el uno por ciento (1%) de su ganancia neta anual a programas de prevención integral social contra el tráfico y consumo de drogas ilÃcitas para sus trabajadores y entorno familiar, y de este porcentaje destinarán el cero coma cinco por ciento (0,5%) para los programas de protección integral a favor de niños, niñas y adolescentes, a los cuales le darán prioridad absoluta. Las personas jurÃdicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los fines de cumplir con esta previsión. El producto de este aporte estará destinado al órgano desconcentrado en la materia para la ejecución de los programas y proyectos establecidos en la Ley.
Las personas jurÃdicas están obligadas a la correspondiente declaración, y pago anual dentro de los primeros quince dÃas continuos siguientes de cada año. Las personas jurÃdicas fabricantes de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas, como el chimó, o importadores de estas sustancias, están obligadas en función de su responsabilidad social, a destinar un aporte del dos por ciento (2%) de sus ganancias netas anuales a la creación, construcción, restauración, mantenimiento, fortalecimiento y funcionamiento de centros de prevención, desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de personas consumidoras de alcohol tabaco y sus mezclas, como el chimó, asà como apoyo a programas de prevención social integral elaborados por el Ejecutivo Nacional. Estarán obligadas a la correspondiente declaración y pago anual dentro de los primeros quince dÃas continuos siguientes a cada año calendario.